Editorial
El 19 de enero de 2019 José Carlos Díaz, un vecino de la colonia Montes fue asesinado al dispararle en el abdomen un Policía Municipal de Piedras Negras que intentó detenerlo cuando huía a pie.
El policía de nombre Víctor, fue sentenciado a cuatro años de prisión; la viuda de la víctima emprendió una lucha contra el Municipio para reclamar justicia al quedar sus hijos menores huérfanos de padre.
Sin embargo, a pesar del desmedido desgaste que causado al Gobierno de Piedras Negras, no representó ningún precedente para evitar que solo tres años después, durante esta semana se repitiera una tragedia similar empeorando el grado de barbarie al ser ejecutado un hombre de un tiro en la cabeza después de presuntamente haber despojado con sus propias manos del arma de cargo a un uniformado municipal, quedando así exhibido que el paso de una administración a otra (Claudio Bres a Norma Treviño) no significó un cambio en la poquedad de profesionalización policiaca.
Como quien tropieza con la misma piedra, el Municipio ha caído otra vez en un debilitante proceso de atención a la familia ahora de Jesús (nombre de la víctima), a quien sobreviven dos hijas, así como en la defensa legal de los dos policías que participaron en el fracasado intento de detención en la colonia Central y quienes soprendentemente están libres.
La segunda ejecución de un ciudadano por una maniobra de detención, evidenció también la teatralidad en el uso de cámaras de solapa que se habían anunciado para todos los elementos en el pasado trienio.
El montaje del supuesto uso de estas videograbadoras fue validado todavía al inicio de este mes de julio cuando el actual comisario de Seguridad Pública, Cruz Mercado, aseguró en una entrevista que la corporación utilizaba las cámaras al momento de realizar detenciones.
Después del asesinato de Jesús en circunstancias poco claras, el Ayuntamiento acabó reconociendo que la mayoría de las cámaras en realidad no sirven.
¿Asegurar a la la población que las cámaras funcionaban cuando en realidad no servían no es suficiente negligencia para remover del cargo al actual Comisario de Seguridad Pública?
Y más grave: ¿Por qué esta anomalía no se informó a los ciudadanos en el proceso de entrega-recepción hace siete siete meses por la alcaldesa entrante Norma Treviño?
Como ramificación de la brutal tragedia, la Presidencia Municipal, anunció una campaña contra la drogadicción, pues se presume que era la condición de Jesús.
No obstante, se reconoce entonces que la venta de drogas es también un problema de seguridad desatendido en el Municipio igual que la abandonada capacitación de policías, áreas en las que no hay ningún anuncio que marque un precedente por parte del responsable directo del departamento, Eliud Mercado, quien después de estos resultados es mantenido en el cargo por la alcaldesa, Norma Treviño, agrietando con ello la confianza de la comunidad.
